Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba
La seguridad en el centro del debate
Jueves 6 de julio de 2006, por Emi Gringo

¿De que seguridad estamos hablando?

En 1965 en una reunión de jefes de Ejércitos americanos en West Point, el comandante del Ejercito Juan Carlos Ongania, adhería a la Doctrina de la Seguridad Nacional. Las Fuerzas Armadas eran los únicos garantes de los valores occidentales y cristianos en contra de todos aquellos que querían subvertirlos. El Proceso de Reorganización Nacional, inaugurado el 24 de marzo de 1976 definió el papel del Estado (terrorista), de la política y la economía (el mercado capas de regular y controlar todo), y el de la sociedad civil (internalización del terrorismo como control social). En los años 80, en EEUU, Inglaterra y Europa de la mano del neoliberalismo, comienza a delinearse otro papel para el Estado, para la economía y para la política. Concentración espectacular y global de la riqueza, globalización espectacular de la miseria extrema. Este proceso que viene avanzando desde los 80 implica la desaparición del Estado económico, la reducción del Estado social y el fortalecimiento y glorificación del Estado penal. Junto a la nueva ideología social y económica, individualismo y mercantilización, en materia de seguridad, se la define en términos físicos (delitos violentos contra las personas), no en términos de vida (salarial, social, medico, educativo, etc.), que se convierte en prioridad de las políticas públicas. Y, en materia de justicia, apunta a criminalizar la miseria .

En el discurso político, en la opinión publica y en los medios de comunicación, replican el sentido común que existe en nuestro país en torno de la seguridad . De este sentido común se desprenden 3 planteos. En el primer planteo se destaca el hecho de que la seguridad no esta relacionada con lo social sino con el orden. La inseguridad es un desorden excepcional que requiere medidas de fuerzas excepcionales que restablezcan el orden y que involucran la actuación a las fuerzas de seguridad en su conjunto. El segundo planteo que deriva del anterior varia en las propuestas de soluciones. Implica endurecimiento de las leyes y del sistema penal, es decir actuación mas fuerte de la justicia. En la misma línea de pensamiento, Loic Waqcuant, plantea que "desde la reinstauración del régimen democrático liberal en 1983, el tema de la seguridad ya no se inscribe en el universo de significado de la Doctrina de Seguridad Interior y la apelación al enemigo interno, sino en el de la democracia, el orden y el control social necesario para sostenerla ." Tomando como referencia a la administración Menen dice: "La noción de seguridad ha sido contrapuesta al desorden social y la utilización instrumental de las denominadas "olas de violencia" ha dado lugar a la discusión y redefinición pública de aspectos normativos de la sociedad." Los ejemplos que cita son elocuentes: La Secretaria de Seguridad, creada al día siguiente del atentado a la AMIA (18/06/94), que pretendía contrarrestar "la reiteración de hechos delictivos... y optimizar los recursos materiales y humanos para la lucha contra el delito", pero se estreno con el paro nacional del 02/08/94,que fue la culminación de una ola de violencia(las manifestaciones masivas en Santiago del Estero y Jujuy contra sus gobiernos provinciales) en la que se pretendió relacionar protesta social con delito. En abril de 1998, el presidente Menen puso a 550 miembros de prefectura y gendarmería con facultades para detener, a patrullar las calles de Buenos Aires. La Alianza propuso "una serie de medidas de urgencia para combatir el delito", entre ellas anular el beneficio de la excarcelación, agravar la pena para la tentativa de robo y el cumplimiento efectivo de todas las penas de prisión. En la Cámara de Diputados de Buenos Aires se analiza un proyecto del Partido Justicialista que pretende restituir a la policía facultades que han ido perdiendo desde 1985: realizar allanamientos, secuestros o requisas sin testigos civiles y sin orden judicial, mantener detenidos e interrogar a sospechosos hasta 12 horas antes de notificar a un juez, etc . El tercer planteo apunta a la situación social. La inequidad económica y social, la desocupación, el empobrecimiento extremo conduce al aumento del delito. La resolución implica la redistribución de la riqueza y un mejoramiento de las condiciones sociales. Estos 3 planteos poseen limitaciones teóricas ya que no abarcan la totalidad del fenómeno de la seguridad y su articulación con lo social, lo político y lo económico. En las dos primeros planteos tenemos que esta problemática es separada de su componente social que le da origen y se plantea como desorden excepcional, centrándose solo en los delitos cometidos contra las personas y la propiedad. La sociedad seria una sociedad perfecta sino fuera por este desorden. Este planteo "promueve “el orden público” que tiene por objeto “el reforzamiento del orden en las calles” ignorando “derechos y garantías constitucionales” o con iguales fundamentos "pero para disimular su autoritarismo menciona la necesidad de mantener en pie los derechos aunque utiliza “un concepto tan restringido que vacían de contenido el sistema democrático y el estado de derecho ”. El tercer planteo reduce también el fenómeno solo a cierto tipo de delitos originados en la precaria situación social de bastos sectores de la sociedad he intenta explicar y definir el delito de los sectores empobrecidos perdiendo de vista toda otra serie de delitos conocidos popularmente como de cuello blanco.

La problemática de seguridad abarca el funcionamiento de la justicia, la definición de crimen y de delincuente, el papel del Estado con respecto a las garantías que les da a sus ciudadanos en materia social, política y económica. ¿Cuál es la vinculación entre el delito y la situación social? Una situación social donde también se da la degradación institucional, la corrupción generalizada y el crimen organizado. Tratemos de pensar como se producen socialmente potenciales infractores y como se producen socialmente oportunidades delictivas a partir de la existencia de estructuras económicas informales vinculadas al delito. Existe una disyunción entre las metas/necesidades que nos presenta la sociedad, tener un empleo, educación, salud, una casa; y los caminos legítimos para llegar a estas metas que la sociedad nos ofrece. Estas metas/necesidades se nos presentan como posibles y accesibles para todos, sin embargo no existe un correlato entre estas metas y los caminos legítimos socialmente para acceder a ellas y es allí donde surge esta disyunción. Una primera deducción seria decir que esta disyunción es la que produce el delito, pero esto implica ver a la problemática de la seguridad mecánicamente cuando es un fenómeno muy complejo. Dentro de estas metas/necesidades hay otras construidas socialmente. Como por ejemplo el status: que empleo tengo, en que lugar vivo, cual marca de auto tengo, a que lugar me voy de vacaciones. Socialmente todos queremos tener tal auto, sin embargo no todos tenemos acceso a el, surge la disyunción que produce lo que se conoce como carencia relativa. Carencia relativa tiene un joven empobrecido por no tener las zapatillas nike, carencia relativa tiene un joven empresario por no tener la 4 x 4. Esta carencia es muy distinta a la carencia material devenida de la pobreza. Cuando al surgimiento de esta carencia se suma el bloqueo de los canales políticos institucionales para enfrentar esta situación se origina un nuevo problema. En este contexto se va ampliando cada vez más esta brecha entre las metas/necesidades y el acceso a caminos legítimos para satisfacerlos. Cada vez más, mayores sectores de la sociedad van quedando excluidos y los canales institucionales para enfrentar esto son cada vez más difícil de utilizar. Ante esto surgen opciones alternativas, salidas innovadoras más rápidas y fáciles. Dentro de estas salidas innovadoras esta la delictiva. Tenemos por ejemplo los jóvenes empobrecidos que prácticamente no tiene acceso a caminos legítimos para satisfacer sus metas/necesidades, por otro lado no tienen acceso o canales institucionales a través de las cuales enfrentar esta situación. Ante este bloqueo político se busca una salida. Una de esas salidas es, por ejemplo, los espacios de participación juvenil donde se generan prácticas colectivas para enfrentar esta situación. Este espacio permite a los jóvenes ser alguien en función de esta práctica ya que a través de ellas construyen su identidad. La formación de estos grupos, y a través de sus acciones, va conformando una subcultura, que sostiene a su vez al grupo y su identidad. Otra salida que se produce es la delictiva. Una opción rápida y fácil para acceder a las metas/necesidades. Del mismo modo un joven que se constituye alrededor de esta práctica es alguien, tiene identidad y a su vez comienza a pertenecer a una subcultura. Una subcultura se genera a partir de la forma en que los grupos se van adaptando a los desafíos que les presenta su posición en la estructura social y se construye con elementos pre existentes y no difieren en sus valores a los de la cultura dominante. Un joven que roba unas nike no tiene aspiraciones distintas a un joven profesional que evade impuestos. Hasta acá hemos desarrollado esquemáticamente como se producen socialmente potenciales infractores. Vemos como la imposibilidad de acceder a metas/necesidades que la sociedad nos impone generan carencia relativa. Un empresario quiere obtener máximos beneficios con su empresa, no tiene acceso a un camino legitimo y esto genera una carencia relativa. Esta carencia se afronta a partir de caminos políticos institucionales pero estos no existen o están bloqueados. Ante esto surgen otras opciones. El empresario opta por evadir impuestos y defraudar al Estado, es decir comete un delito.

Habíamos dicho que a la par de la producción social de potenciales infractores se sumaba la producción social de oportunidades delictivas que se constituyen como estructuras económicas informales de delito. Un dato relevante es el hecho de que sin oportunidades delictivas el delito no se produce, es decir se reduce a niveles mínimos. Como dato podríamos decir que un país como la India que posee un nivel de inequidad social muy superior al nuestro, los niveles de delito son muy bajos. Existe una demanda de bienes/servicios legales e ilegales que se obtiene ilegalmente. Un ejemplo de bienes ilegales son las sustancias de uso penalizado, otro ejemplo de bienes legales es el dinero. Hay una gran demanda de dinero para financiar, por ejemplo, la política. A partir de las demandas que genera el mercado se van constituyendo las economías informales de delito y es allí donde surge la oportunidad para el potencial infractor. Otro aspecto de las economías informales de delito es que en su mayoría están gerenciadas por las fuerzas de seguridad en beneficio propio o de terceros. Pensemos en la demanda que hay de autopartes y, por su encarecimiento, su obtención ilegal. La policía en la calle deteniendo a unos ladrones que roban un auto es posible que en el mejor de los casos detengan a los ladrones si es que no concluye en un tiroteo con perdidas de vidas. Sin embargo haciendo inteligencia y desmantelando los desarmaderos, su incidencia contra el delito es eficaz. Pero el caso es que en su mayoría, el negocio de las autopartes esta gerenciado por las mismas fuerzas de seguridad, al igual que la venta de drogas y el lavado de dinero entre otras . Otro dato no menos importante es la construcción social de víctimas socialmente legitimadas. En el caso de los delitos de cuello blanco, el Estado esta visto como una víctima legitima como podemos ver en el caso de Jaime Pompas o, para no ir tan lejos la evasión de impuestos y cargas sociales. En el caso de los sectores populares sufren una doble victimización. Así la plantea Enrique Font, "los afecta doblemente porque tienen menos capacidad de protección (vivir a un barrio privado, contratar seguridad privada o de evitar ciertos lugares), y a las ves estos sectores están afectados como víctimas de la respuesta que les da el Estado ya que la policía les cae encima entonces son víctimas del aumento del delito y son víctimas de la respuesta que el Estado le da, sobre todo los jóvenes ya que la política actual de la policía esta haciendo hincapié en lo que ellos llaman “prevención del delito” eso significa una represión muy fuerte dirigida hacia los sectores de los mas pobres y jóvenes, lo que ellos llaman potenciales sospechosos ..." Estos jóvenes son vistos como víctimas legitimadas socialmente, como en los casos de David Moreno (13), Sergio Ferreyra (18)y Martín Quintana (19). Esta construcción social se realiza a partir de la cultura dominante y los elementos que de ella toman las subculturas. Otro ejemplo de victimización es la que se hace sobre las trabajadoras/res sexuales, que deviene en parte de que en nuestra cultura dominante se plantea rígidamente la diferenciación entre la mujer "honesta" y la que no la es. Lo mismo podríamos decir de la victimización de la comunidad homosexual.

Nosotros pensamos que si uno no trata con los delitos menores, a tiempo, realmente se convierten en delitos mayores. Y con eso yo estoy hablando con temas como la orinación (sic) en las calles públicas, la prostitución, el ruido en exceso, los limpiaparabrisas (sic) agresivos; esos son elementos realmente que contribuyen a un sentido de inseguridad del cual el delincuente toma ventaja. Es cómo asegurar y restablecer el estado de derecho, y nosotros pensamos que lo que está ocurriendo en Latinoamérica y lo que ocurre en otras partes de la Argentina es realmente que el estado de derecho está muy débil y realmente que las personas están actuando más como terroristas urbanos que delincuentes . La redefinición del papel del Estado que viene avanzando desde la década de los 80 "apunta a convertirlo en un gendarme que interpreta los conflictos sociales en clave criminal antes que política, al tiempo que se retira de áreas claves como la salud y la educación ." Este Estado lleva adelante los postulados sobre el nuevo sentido común penal que desde EEUU se internacionaliza y que apunta a criminalizar la miseria, complemento en materia de justicia a la ideología económica y social actual. El Manhatan Institut, organismo fundado por Anthony Fischer ( mentor de Margareth Thatcher) y Willian Casey (Director de la CIA durante la presidencia de Ronald Reagan), a principios de los 90 lanzaba su campaña acerca de la "inviolabilidad de los espacios públicos" y la teoría según la cual al luchar contra los pequeños desordenes cotidianos (propios de las clases pobres) se obliga a retroceder a las grandes patologías criminales . En la década del 90, en nuestro país, se produjo una enorme inequidad social y con ella el aumento de los delitos violentos y de cuello blanco. El sentido común sobre seguridad toma como eje el delito violento ante el cual se diseñan las políticas de seguridad publica y se alimentan de este nuevo papel del Estado y de las nociones de Tolerancia Cero. Podemos citar, por ejemplo, la creación del Comando de Acción Preventiva, el Código de Faltas, el Plan de Erradicación de Villas, la reapertura de la Cárcel de Encausados y un pabellón en Bouwer para contraventores, etc. Estos procedimientos apunta en su conjunto a los sectores empobrecidos y marginales de la ciudad.

Nuestras impresiones se confirman con las declaraciones del policía Quinteros, testigo en el caso Maders, quien días atrás denunció que la D2 sigue operando en nuestra provincia . En 1974 se forma en el 3º Cuerpo de Ejercito el Comando Libertadores de América. Grupo paramilitar conformado además por policías y civiles. En 1976, con la dictadura este Comando se disuelve y sus funciones pasan a ser cumplidas por el Batallón 141 de Inteligencia (encargada del Centro Clandestino de Detención La Perla) y la División Inteligencia de la Policía de la Provincia D2 (ubicada en el Cabildo de la ciudad). Así la policía fue transformada en aparato represivo y en organización delictiva del terrorismo de Estado. Hasta el día de hoy arrastra esa misma estructura que no ha sido desmantelada ni sus integrantes juzgados y/o condenados. Y es la que aplica en las calles el Código de Faltas, realiza aciones preventivas y desaloja las villas miserias, entre otras acciones. “El CAP fue concebido para actuar de forma muy cercana al ciudadano, conociendo las necesidades de cada barrio y de cada calle. Las estadísticas lo prueban: mientras más cerca están la policía y la comunidad, menor es la cantidad de delitos ” El Comando de Acción Preventiva, esta conformada por una flota de camionetas 4 x 4 cuyos efectivos están munidos de chalecos, nuevos armamentos y equipo de comunicaciones. Las acciones preventivas que realizan utilizan como herramienta el Código de Faltas, que data del Proceso, y se aplica a los contraventores. Según Carlos Colino, comisario y juez de faltas del Distrito 1, zona centro, "una contravención "es una conducta predelictual" y se aplica para "generar un marco de contención en los espacios públicos y zonas comerciales." Habla de "inconductas sociales" y de sanciones "educativas", que llevan a los reincidentes en faltas leves a la cárcel . Las estadísticas de los 6 primeros meses del 2003 indican que los detenidos por contravenciones superaron en numero de presos por delitos en toda la ciudad, 4815 contra 4577 . El mismo Colino, según su propia estadística, indica que entre julio de 2002 y julio de 2003, sanciono a 8000 personas por contravenciones, y entre estas un 60 % fueron por "merodeo ". El merodeo, artículo 86 del Código de Faltas, es el más utilizado por la policía al momento de realizar las detenciones. La definición del mismo es, según Colino "una situación que causa inseguridad para quienes viven en un determinado sector por la presencia de alguien que no puede justificar qué hace allí." Su aplicación depende del criterio policial . Otro dato que arrojan las estadísticas es que de los 4815 contraventores 1152 fueron menores y por cada uno de ellos, tres eran mayor de 18 años. La represión policial por parte del CAP hacia los adolescentes y jóvenes empobrecidos y marginales es una constante que denuncian reiteradamente agrupaciones como Red Buhito (Red por la defensa de los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes); La Luciérnaga o la Biblioteca Bella Vista. Julia Reartes, abogada del Programa de protección de los derechos de niños y adolescentes de UNICEF, Córdoba, comenta sobre el Código de Faltas que "es inconstitucional porque el mismo comisario que ordena las detenciones, luego aplica las sanciones, como un juez de primera instancia. Pero además, hay argumentos sociales en su contra, porque no se le aplica a cualquiera. Como en todo el sistema penal, pero todavía más aquí, se ve la selectividad ." Por su parte María Elba Martínez, titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dice que "un homicida tiene más protección procesal, constitucional y de derechos humanos que una persona que es detenida por merodeo ". Otro sector que ve vulnerabilizados sus garantías y derechos por el CAP y el Código de Faltas son los trabajadores/ras sexuales. Las detenciones se realizan bajo el artículo 44 "prostitución escandalosa en vía pública". Tanto AMMAr (Asociación de mujeres meretrices de Argentina) como ACoDHo (Agrupación contra la discriminación homosexual) realizan frecuentes denuncias por la aplicación de esta y otras contravenciones. El aumento considerable de contraventores trajo como consecuencia la reapertura de la Cárcel de Encausados, que aloja alrededor de 150 contraventores masculinos y 130 detenidos por delitos Y de un pabellón femenino en Bouwer. Desde la implementación del CAP, la cantidad de personas arrestadas ha aumentado considerablemente al igual que los casos de gatillo fácil y las denuncias de apremios ilegales a adolescentes, jóvenes, desocupados, pobres, trabajadores sexuales y miembros de la comunidad homosexual. Son una constante en estas detenciones el avasallamiento sistemático a los derechos humanos y las garantías constitucionales. Los apremios ilegales sobre estos sectores son posibles en parte porque son vistos por la sociedad como víctimas legitimas y por esto mismo existe un desinterés absoluto por la que hace la policía cuando detiene a un joven empobrecido o marginal, o cuando patrullan las calles, o cuando reprime estallidos sociales.

Lo de diciembre (19 y 20 de 2001) puso en evidencia en tres días lo que ocurre a diario, lo que la policía y el poder judicial hacen habitualmente . David Moreno fue asesinado de cinco balazos en la espalda por la Policía de la Provincia, el 20 de diciembre en barrio 9 de Julio de Córdoba capital. Sergio Ferreira fue herido de bala en el estómago por la misma policía, ese mismo día, pero en la otra punta de la ciudad, en Villa Libertador. Luego de un año y seis días de sufrimiento, con la bala incrustada en su hígado, falleció de un paro cardíaco en los brazos de su madre, a la cinco de la mañana, sin atención médica alguna. Luciana Parra recibió dos impactos de bala de plomo en el mismo barrio donde murió David, el mismo día, a la misma hora y por las mismas itakas. Hoy vive con los perdigones en su cuerpo, lo que le impide moverse con normalidad. La justicia provincial no ha retirado el cargo de “tentativa de robo” que pesa sobre su persona. Un día antes, Norma Bernasconi salvó milagrosamente su vida en barrio 9 de Julio cuando instintivamente antepuso su brazo a la cara, milésimas de segundos antes de que una ráfaga de balas 9 milímetros disparadas por la policía provincial impactaran en su cuerpo. A pesar de dos intervenciones quirúrgicas, su brazo sigue inmovilizado. Juan Marcelo Frejenal fue alcanzado por dos postas de plomo provenientes de itakas policiales, al mismo momento en que David caía asesinado por la espalda. Las heridas le impidieron trabajar por mucho tiempo. Para la justicia cordobesa sigue imputado por “tentativa de robo”. Brian Barrera, de barrio Guiñazú, logró salvar su vida luego de que un periodista de canal doce lo llevara en andas hasta un automóvil, mientras sangraba porque una bala le había atravesado el hombro. Han pasado 3 años de estas muertes y de estos heridos y ninguno de los responsables de esta represión se encuentran detenidos. En septiembre de este año "la Justicia de Córdoba resolvió liberar al policía que se encontraba detenido, acusado de ser el autor material del crimen de David Moreno. Así lo determinó la Cámara Sexta del Crimen por considerar que no había pruebas suficientes para incriminar al oficial Hugo Canovas, perteneciente a la Guardia de Infantería de la Policía de la Provincia ." La abogada querellante, María Elba Martínez al respecto dijo "Ha sido nefasto. Esto hizo que se perdieran dos años de tiempo, a pesar de los elementos probatorios que existían. Tuvo que ir a Cámara por un requerimiento del defensor del acusado, para que la misma Cámara señalara que había que ampliar las investigaciones en toda la estructura policial. Esto lo veníamos diciendo hace dos años. Había pasado por dos cámaras anteriores. Además, se nos había negado la accesibilidad al expediente durante un año ." Luego agrego "las improlijidades en la causa, marcan una sola cuestión: encubrir una política provincial adherida a la política de Estado ordenada por (Fernando) de la Rúa para lograr la impunidad; no de los cuerpos policiales de bajo rango, sino de los altos jefes. Me refiero, al titular del cuerpo, el comisario Jorge Rodríguez, al Secretario de Defensa y al gobernador José Manuel de la Sota ." A estos casos se suman los de gatillo fácil, como el de Martín Quintana de 19 años del barrio José Ignacio Díaz, el día 30 de junio de este año. "El hecho se desencadenó a partir de una denuncia hecha por un vecino, que aducía que unos muchachos estaban molestando a una señora. La policía actuó rápido, y de forma inexplicable un patrullero se acercó a una vivienda donde se encontraba Martín Quintana, que regresaba de su trabajo. El policía luego de amenazar a los jóvenes suponiendo que eran ellos lo agresores, ingresó a la vivienda sacó a rastras a Martín hacía la calle, y en el cordón de la vereda le disparó en el pecho ante la mirada atónita de sus amigos. El policía (...) se dio a la fuga y luego pidió refuerzos. A los pocos minutos una camioneta del CAP llegó al lugar de los hechos, constatando lo sucedido, encontrando junto a la agonía de Martín el pedido de auxilio de su padre, quien le imploraba que lleven a su hijo a un hospital. Ante la constante negativa de la policía el padre tomó a su hijo en brazos, lo subió a la camioneta y le ordenó al agente que lo trasladara al Hospital de Urgencias. En el camino Martín no aguantó y falleció ."

El gobierno adoptó una medida coercitiva, profundizando la dura condición de marginalidad y exclusión social de los vecinos, con una relocalización en la periferia urbana, lejos de su tradicional fuente de relaciones o recursos (servicio doméstico, changas de albañilería, jardinero, cartoneros) muy lejos de los centros de salud públicas, como de sus afectos y de su red de supervivencia . Desde el 2003, Villa La Maternidad, ubicada en la zona gran centro (entre Agustín Garzón y Costanera) es la protagonista principal del desarrollo del negocio inmobiliario y la industria de juegos de azar cordobés. Estos terrenos de propiedad fiscal comprados oportunamente por el gobierno de José Manuel de la Sota y vendidos al empresario Euclides Bugliotti, son donde se lleva a cabo el desalojo y erradicación compulsiva de los vecinos que hace más de 100 años sostienen sus hogares y familias allí . Sin un decreto, ley o resolución que los avale, el Ministerio de la Solidaridad fijo como fecha de traslado los primeros días de junio de 2004. El día 15, con un petitorio firmado por 70 familias contra el desalojo y negándose al traslado y a una “bonificación” de 300 pesos que las familias cobrarían al llegar a “Ciudad de mis sueños, uno de los cinco megabarrios periféricos que el gobierno provincial construye para sectores marginados con un millonario crédito del BID ", llegaron las topadoras, la Guardia de Infantería, el Ejército, la Brigada Antisecuestros, la Policía Montada, la División Canes, los abogados, el personal del Ministerio de Solidaridad, un juez de menores y el Director de Habitar de la provincia, Coronel Alberto Luis Devoto. Durante 3 días las familias, que habían iniciado los correspondientes juicios de usucapión, una a una fueron dejando sus hogares. Acompañados por las fuerzas de seguridad con la amenaza del desalojo judicial bajo el brazo y las topadoras que, inmediatamente al irse, derrumbaban sus casas. Las 30 familias que defendieron sus hogares entre techos, cocinas y habitaciones derrumbadas sobrevivieron al corte de luz, de agua, a la imposibilidad de salir a trabajar por el cerco que había montado la policía, las intimidaciones a las 3 de la mañana y las detenciones de los vecinos, caratulados de delincuentes, según el gobernador José Manuel de la Sota por TV . Las restantes familias que se fueron, llegaron a Ciudad de mis sueños ubicada fuera de la zona urbana en inmediaciones de Bº Ituzaingo. Esta zona, denunciada por tener un alto grado de contaminación cancerígena, es objeto de estudio por parte de la Secretaria de Salud de la municipalidad de Córdoba a pedido de “Madres de Ituzaingo” y otras organizaciones sociales. Anteriormente, en su última visita al lugar el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde declaraba: “es una grave irresponsabilidad sostener que esa zona es habitable." Hoy, Ciudad de mis sueños ya tiene su primera víctima, Elvira Chicha Cursi de 72 años que murió dos días después a causa de un infarto cardiaco al ser trasladada bajo presión al lugar.

Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos Córdoba, diciembre de 2004.

Citas:

La ideología de la inseguridad. Ese viento punitivo desde Estados Unidos por Loic Wacquant (profesor de la Universidad de California, investigador del Centro de Sociología Europea)en Le Monde Diplomatique, Edición cono Sur, julio de 1999. Exposición de Enrique Font, investigador y docente del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, en la jornada ¿De que seguridad estamos hablando, Mesa de Trabajo por la Derechos Humanos, 5 de junio de 2004, Córdoba. "Argentina: mano dura a favor del pánico social" por Loic Wacquant. "Documento: propuestas de la sociedad civil para un programa democrático contra la inseguridad" por Carlos Rodríguez en Pagina 12, 05 de Noviembre de 2004. "Crónica de una mano dura anunciada" por Ricardo Ragendorfer en La Mano, nº 2, mayo 2004. "En el plano estrictamente policial, es sabido que históricamente La Bonaerense hizo de algunas contravenciones tradicionales parte de sus sistema de supervivencia. Y en los últimos años, a este estilo de trabajo se agregaron otros pactos con hacedores de una gran cantidad de delitos, siendo los más lucrativos el trafico de drogas, los desarmaderos, la piratería del asfalto y la concentración de "zonas liberadas" para cometer asaltos. No es un dato menor que justamente durante el gobierno de Ruckauf a ese mercado de asuntos se haya sumado nada menos que el secuestro extorcivo." (...) "Observado desde un ángulo perverso, sujetar una variada gama de modalidades ilícitas bajo las riendas de la recaudación policial no deja de ser un modo eficaz de ejercer el control sobre la inseguridad urbana. Y de tener cintura como para regularla. Los hombres de azul saben que ante el resto del mundo poseen esta mágico y unívoco poder. El enorme flujo monetario que se desliza a través de sus cajas negras no sólo va a parar a las alcancías particulares de los comisarios, sino que también sirve para financiar punteros, intendentes y hasta gobernadores." Entrevista realizada a Enrique Font por Javier Astrada de Prensa Red y Daniel Ruiz de Fm Sur. Declaraciones de Carlos Medina, Director Ejecutivo del Manhatan Institut, en nuestra ciudad convocado junto a la Fundación Blumberg por el gobierno provincial para realizar un acuerdo marco para la implementación de una nueva política de seguridad. “Titular del Manhatan Institut aclaro sus dichos” en La Voz Online, el 12 de noviembre de 2004. "La ideología de la inseguridad. Ese viento punitivo desde Estados Unidos por Loic Wacquant en Le Monde Diplomatique, Edición cono Sur, julio de 1999. "La ideología de la inseguridad. Ese viento punitivo desde Estados Unidos por Loic Wacquant en Le Monde Diplomatique, Edición cono Sur, julio de 1999. Documento de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, 24 de noviembre de 2004. Carlos Alesandri, secretario de Asuntos Institucionales, en "Presentaron nueva fuerza de seguridad" en La Voz del Interior, 13 de marzo de 2003. "La resistencia de los saros" por Ary Garbovensky en Prensared, 11 de diciembre de 2003. Comparación de los datos del Distrito I con las estadísticas de Policía Judicial, citado en "La resistencia de los saros." "Luego de recuperar la libertad los detenidos por contravenciones pueden presentar un "hábeas corpus", o un "hábeas corpus preventivo", cuando hay hostigamiento y amenazas, pero a esta altura, para Martínez, "ya debería plantearse un amparo por discriminación" Entrevista realizada a Enrique Font por Javier Astrada de Prensa Red y Daniel Ruiz de Fm Sur. "Un dolor que no tiene fin" por Katy García en Prensared, 02 de septiembre de 2004. "Contra la impunidad" en Info izquierda, Suplemento Córdoba de Nuestra propuesta,31 de Agosto de 2004, Año III, Córdoba. "Quieren desalojar un barrio para poner un bingo" por Camilo Ratti en Pagina 12, "Según la Dirección de Catastro y diferentes inmobiliarias consultadas por Página/12, son terrenos muy valiosos, ubicados justo al frente de los viejos Molinos Minetti, que el empresario inmobiliario Bugliotti compró para hacer torres de departamentos. Además, colinda con la estación de trenes Mitre, donde el gobierno provincial planea edificar un centro de convenciones con salas de bingo y máquinas tragamonedas, tal como lo está haciendo en distintos puntos turísticos de las sierras cordobesas." Idem. "El propio gobernador sostuvo que estos terrenos en disputa son “fiscales”, y que por eso podía decidir qué hacer con ellos. Ante la negativa de los vecinos de abandonar el lugar, públicamente los acusó de “violar la ley”. Días después, el fiscal provincial Roberto Mateu, quien tiene un pedido de jury en su contra, los imputó penalmente por “usurpación”. ”El que viola la ley es el fiscal, quien en su denuncia reconoce que son los imputados quienes se encuentran ocupando dicho predio y no el gobierno de la provincia de Córdoba. Ocupación que denota un claro acto posesorio por medio del cual se exterioriza el ánimo de poseer título de dueño. En este sentido, el Código Civil, en su art. 2384, dice que son actos posesorios de cosas inmuebles la construcción o reparación que en ella se haga, y en general, su ocupación”, respondieron en un escrito presentado al juez dos de los abogados de los vecinos, Tomás Celli y Sergio Castro, quienes tramitan en distintos juzgados civiles las acciones de usurpación de varios de los que resisten" en Quieren desalojar un barrio para poner un bingo.

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